- La Constitución española de 1978 recoge en su art. 45 el derecho de los ciudadanos a gozar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Pero paralelamente, la Constitución establece también el deber de todos de conservar el medioambiente y la obligación de los poderes públicos de protegerlo sancionando, desde el punto de vista penal y administrativo, a aquellos que cometan infracciones que causen su deterioro.

- La preocupación por la preservación del medioambiente se extiende, no obstante, más allá de la frontera de los países para convertirse en una cuestión que atañe a una sociedad globalizada. Tanto es así que, en el ámbito de la Unión Europea son numerosas las disposiciones que muestran una alta preocupación por parte de todos los países que la integran en el sentido de diseñar, al margen del sistema de protección de cada uno de los Estados miembros, un programa de actuación para la preservación del medioambiente que incluye disposiciones normativas tanto de Derecho administrativo, como de Derecho penal.

- En España la normativa sobre protección del medioambiente comprende numerosas disposiciones tanto de ámbito estatal como de las Comunidades Autónomas como de Derecho administrativo, de Derecho fiscal o de Derecho Penal, que poseen la peculiaridad, además, de ser objeto de continuas modificaciones que permiten adaptar el ordenamiento jurídico en esta materia a las nuevas necesidades de protección del medioambiente.

- Los numerosos procesos para la imposición de sanciones en esta materia obligan a los Letrados especializados en la misma a adaptar y actualizar continuamente sus conocimientos en materias jurídicas interrelacionadas y en constante evolución, por lo que en este Curso se pretende proporcionar una visión de conjunto de la ingente normativa sobre protección medioambiental y su aplicación a la práctica.

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